CRITERIOS AMBIENTALES EN REGULACIÓN DE ORDENAMIENTO URBANO-TERRITORIAL EN CIUDADES ARGENTINAS. ESTUDIO DE CASOS.

Resumen

En las últimas décadas los procesos de planificación urbana se han complejizado al punto que es imprescindible concebirlos como un sistema de relaciones en el cual el crecimiento urbano se manifieste en relación a la capacidad ecológica del medio ambiente. La necesidad de ordenar el territorio deriva de la existencia de externalidades que manifiestan limitaciones para alcanzar los objetivos de un desarrollo territorialmente equilibrado y socialmente justo. El problema medioambiental se trata de relaciones, y por lo tanto los Planes de Ordenamiento Territorial deben abordar la construcción, seguimiento y evaluación de indicadores como herramientas útiles en la formulación de políticas, evaluación de estrategias y los procesos de Gestión Ambiental. Los Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible (IAIDS) incorporan lo económico, social y ambiental en forma transversal y sistemática, abarcando las cuestiones de ciudad, energia, agua, residuos, contaminación atmosférica, capacidad de carga o huella ecológica y oportunidades económicas que ofrecen los modelos de ciudad sostenibles. Estos Indicadores aplicados al Desarrollo Urbano permite a los gestores evaluar alternativas, gestionar programas y proyectos e identificar posibles mejoras en las prácticas y experiencias. El paradigma ambiental demuestra, en nuestro país, una cierta producción de leyes pero con distancia respecto a su efectividad. El presente trabajo, realizado en el marco de la Especialización en Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, intenta exponer dicho escenario conflictual legal al analizarse tres casos de estudio (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, ciudades de escala y regulación jurídica variable). En ellas se observa que la problemática ambiental y los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad se incorporan a la normativa de manera más lenta a lo verificado en acciones puntuales fuera de ella, por normativas parciales o acciones concretas sin marco legal.